Plena inclusión, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y DOWN ESPAÑA han celebrado el miércoles 8 de febrero una concentración ante el Tribunal Constitucional (TC) para reclamar el derecho al voto de casi 100.000 personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo que no pueden ejercerlo, debido a sentencias que modifican su capacidad legal.
El acto reivindicativo se ha celebrado bajo el lema #MiVotoCuenta y ha contado con la presencia de más de 500 personas, amén de los presidentes de las tres entidades convocantes: Santiago López (Plena Inclusión), José Fabián Cámara (DOWN ESPAÑA) y Luis Cayo Pérez Bueno (CERMI Estatal). Asimismo, Inclusión Europe, la organización que representa a nivel europeo a las personas con discapacidad y sus familias, ha mostrado su apoyo a la concentración celebrada en España.
Desde Castilla y León ha ido una amplia representación compuesta 110 personas de los cuales 7 son directivos, 22 familiares, 68 personas con discapacidad intelectual, 12 profesionales y 1 voluntario; así como nuestro presidente Juan Pérez Sánchez.
El desencadenante de esta protesta cívica ha sido la no admisión a trámite por parte del Constitucional de un recurso de amparo interpuesto por la Fiscalía General del Estado que pedía que Mara, una joven gallega con discapacidad intelectual, pudiera votar. Las organizaciones convocantes consideran que cualquier negación del derecho al sufragio por el hecho de tener una discapacidad supone una clara discriminación, y vulnera la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por España en 2008.
Precisamente, durante la protesta, la madre de Mara; Mar Caamaño, y Antonio Hinojosa, una persona con discapacidad intelectual miembro de Plena inclusión, han sido los encargados de dar lectura a un manifiesto en el que se denuncia la flagrante vulneración de los derechos de las personas con discapacidad al arrebatarles el derecho al voto. Al resto de la ciudadanía no se le realiza un examen para estudiar si alguien cuenta o no con unos supuestos conocimientos necesarios para votar, por lo que presuponer que una persona con discapacidad no puede ejercer un derecho fundamental en democracia cercena cualquier principio de igualdad.
Además, al acto han acudido personas procedentes de diferentes comunidades autónomas, como por ejemplo Galicia, Aragón, Extremadura, Castilla y León y Castilla-La La Mancha.
Manifiesto por el derecho al voto de las personas con discapacidad.
